Una vez más causa lógica inquietud un rebrote de amenazas de bomba en escuelas de la Región, como el que sufrieron unos veinte establecimientos primarios y secundarios de La Plata, Berisso y Ensenada. Tal como se informó, los colegios debieron ser evacuados, con la intervención de cuerpos de bomberos de las tres ciudades, en una situación que se extendió hasta que pudo confirmarse, afortunadamente, la falsedad de las amenazas.
Como se conoce, los operativos de evacuación desplegados obligan a movilizar importantes distintos recursos, lo que supone costosas erogaciones que deberá afrontar el área educativa. En la dirección de Educación de la Provincia dijeron que fue un día inédito, en el sentido de que desde el inicio del curso lectivo se habían registrado en total unas quince amenazas, mientras que el jueves pasado, en una sola jornada, se superó ese número. Cabe agregar que la mayoría de las llamadas fueron al 911.
La Primaria 1 de Ensenada, por ejemplo, recibió cinco amenazas en una semana, mientras que entre mayo y lo que va de junio fueron veinticinco, perdiéndose así muchas horas de clases, entre otros trastornos como, por ejemplo, el hecho de que los alumnos debieron ser trasladados a una sede gremial cercana para terminar sus jornadas de clases. En Berisso recibieron las amenazas de bomba unas cinco escuelas, mientras que en nuestra ciudad fueron seis los establecimientos que atravesaron por esa emergencia.
Funcionarios educativos señalaron que no hay una hipótesis puntual y que se analizan distintas alternativas y aseguraron que se actuó con la mayor celeridad posible, a la vez que se inculcó a los estudiantes primarios y secundarios el principio de que estas acciones configuran un delito. Dijeron, asimismo, que la Justicia interviene en la dilucidación de estos episodios, confiándose en que pueda detectarse a los autores.
Se indicó que cada salida de los bomberos implica un operativo cercano a una hora de trabajo, según distintos cuarteles consultados por este diario. Pero no sólo es tiempo, también es dinero. En la mayoría de los casos hablan de costos cercanos a los 50.000 pesos en cada salida para verificar cada caso denunciado.
Desde luego que los trastornos son múltiples y que los casos más preocupantes se registran cuando se producen amenazas de esta índole en establecimientos educativos, ya que debe evacuarse rápidamente a centenares de chicos que durante largo tiempo permanecen en la calles o deben ser trasladados, expuestos a toda clase de riesgos.
Los llamados activan también automáticamente las alarmas en bomberos y hospitales, donde se disponen de inmediato medidas para eventuales emergencias. Y desde ya, estos episodios generan siempre temores e incertidumbre, hasta que los especialistas comprueban que se trata de una falsa amenaza.
No caben dudas de que –además de las medidas preventivas y eventualmente sancionatorias que deban impulsar la Justicia y las fuerzas de seguridad- sólo la generación de una fuerte conciencia social podrá disminuir y frenar esta lamentable modalidad.
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